Resumen

El artículo analiza el papel del control judicial de los actos administrativos derivados de las políticas públicas como un mecanismo clave para garantizar la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento. Sostiene que, aunque este derecho está reconocido en el marco jurídico, su cumplimiento depende en gran medida de la correcta implementación de políticas públicas por parte del Estado.El texto argumenta que el Poder Judicial debe intervenir cuando dichas políticas o actos administrativos resulten insuficientes, ineficaces o violatorios de derechos humanos. A través del control judicial, se puede exigir a las autoridades que actúen conforme a principios como la legalidad, la progresividad y la no regresividad, asegurando así el acceso equitativo al agua y al saneamiento.En conclusión, el control judicial se presenta como una herramienta esencial para hacer justiciables los derechos sociales y garantizar su cumplimiento efectivo frente a omisiones o deficiencias del Estado.