Resumen

El artículo analiza la evolución del sistema jurídico mexicano hacia un modelo centrado en los derechos humanos, especialmente a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Este cambio impulsa un enfoque transversal e incluyente del derecho, donde jueces y autoridades deben interpretar y aplicar las normas considerando tanto la Constitución como los tratados internacionales.Se destaca que la igualdad formal es insuficiente frente a las desigualdades reales, por lo que se introduce la equidad como herramienta para lograr una igualdad sustantiva. En este contexto, surge el paradigma de la accesibilidad, que implica adaptar procesos, servicios y decisiones jurídicas mediante acciones afirmativas y ajustes razonables, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, pueblos indígenas, niñez, adultos mayores, etc.).El artículo concluye que el reto actual del Poder Judicial es garantizar una justicia inclusiva, donde el juzgador adopte una visión humanista, identifique desigualdades estructurales y asegure el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación.