Resumen

El artículo analiza las dificultades que enfrenta el Poder Judicial mexicano para aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en casos de personas inimputables (especialmente disminuidos y permanentes). Señala que, aunque existen avances normativos, persisten prácticas basadas en modelos antiguos (médico-rehabilitador) que priorizan el internamiento y no garantizan plenamente los derechos humanos.Se destaca la necesidad de adoptar el modelo social de la discapacidad, el cual promueve la inclusión, la igualdad y la eliminación de barreras. El texto critica el uso excesivo de medidas de seguridad en internamiento, proponiendo que estas sean la última opción y que se privilegien alternativas en libertad.Asimismo, se identifican problemas estructurales, como la falta de infraestructura adecuada, la discriminación hacia inimputables sin redes de apoyo y la dependencia de factores externos (como peritajes médicos) para la toma de decisiones judiciales. Finalmente, se proponen soluciones como la creación de programas de apoyo comunitario, centros especializados y tribunales enfocados en personas con discapacidad, con el fin de garantizar su inclusión social y el respeto a sus derechos humanos.