RETOS Y PERSPECTIVAS PARA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 2023-2025

DRA. ESTELA FUENTES JIMÉNEZ

El 9 de enero del presente año, tuve el alto honor de ser elegida por mis compañeras y compañeros del pleno como Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Cargo que asumí con la inalienable convicción de cumplir con las expectativas para mantener la ruta y dirección en la mejora y modernización constantes. En ese tenor, nos dimos a la tarea de diseñar un planteamiento estratégico para definir la visión y misión de nuestro órgano jurisdiccional.

Para lo cual, estoy cierta, contaremos con la entusiasta participación de todos mis colegas Magistradas y Magistrados; pero también será acompañada por todas y todos los que integramos el Tribunal, ya que solo cuando la visión es compartida por los integrantes de una organización se puede implantar una nueva cultura de trabajo exitosa.

Queremos apostar por un Tribunal del futuro, con plena autonomía, eficiente en sus procesos y eficaz en sus decisiones, que responda al valor máximo de la justicia.

Un órgano jurisdiccional que ofrezca seguridad jurídica y, por ende, contribuya a la paz social y al desarrollo económico de nuestra ciudad; un Tribunal con prestigio social.

Una impartición de justicia administrativa que se centre en el pleno desarrollo del potencial humano como sustento para el pleno progreso de la organización; en el que Magistradas, Magistrados y servidores sean el factor clave del éxito.

Mismo que radica en cumplir cabalmente con nuestra función de servicio constitucionalmente asignada: la administración de justicia administrativa y buen gobierno.

Función que no acepta términos medios, de tal manera que se es eficiente y eficaz o no se administra plenamente justicia: aspiramos a resolver los asuntos en los plazos de ley, respondiendo a los parámetros de desarrollo humano y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.

Hasta hace unos años, la justicia administrativa en nuestro país no era tan visible, ya que se tenía la errónea creencia de que los asuntos llevados en nuestra jurisdicción se referían a materias sumamente especializadas y que poco tenían que ver con problemas reales o importantes de las personas.

La justicia administrativa es un concepto sustantivo y procesal, el cual establece que la actividad de la administración pública debe orientarse a la realización o satisfacción de intereses públicos concretos, con el pleno respeto a los derechos e intereses públicos.

Es la herramienta en manos del ciudadano para combatir abusos por parte de la autoridad; para lograr no solamente la interrupción de las malas actuaciones, sino también su prevención a través de las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de la materia respecto de las controversias entre las personas y sus gobiernos.

Así, actualmente la jurisdicción administrativa se concibe como la guardiana del derecho al buen gobierno, convirtiendo al Tribunal de Justicia Administrativa en una institución garante de la gobernanza democrática en la Ciudad de México.

Por ello, requerimos ir más allá de una gestión meramente operativa, inmediatista, de corto plazo, que se centre en el día a día, con tendencia a la inercia sin imaginación.

Estoy convencida de que construiremos juntas y juntos un Tribunal fuerte, que se sustente en una administración estratégica, proactiva, dinámica, con visión general, de mediano y largo plazo, con un enfoque integrador y que ofrezca soluciones innovadoras.

Como en toda organización, en el Tribunal de Justicia Administrativa existen estructuras, procesos, tecnología, comportamientos y otros elementos de desarrollo internos y externos.

De estos elementos, sin lugar a dudas el factor humano es toral, requiere líderes para el cambio a todo nivel. Los servidores públicos, todos sin excepción, formamos parte de un complejo engranaje legal que permite que cumplamos con nuestro objetivo primordial de impartir justicia sin descuidar otras áreas importantes y trascendentes para nuestros fines.

El tema de austeridad ha sido uno de los principales problemas para la mejora económica de los servidores públicos, aunado a la inflación; no obstante, el Tribunal ha hecho esfuerzos importantes para dar cumplimiento en tiempo y forma a los compromisos salariales.

Un mejor capital humano se construye no solo con recursos financieros, sino también con mecanismos de atención en el ambiente laboral, en la entrega de los recursos materiales necesarios para su función en forma oportuna, en la eliminación de la violencia, en la detección de necesidades personales que se deben valorar con un sentido humano.

En este camino de mejora y renovación es importante contar con el apoyo, respaldo y confianza de todos nuestros servidores públicos, incluso de la participación propositiva de la representación sindical.

No queremos una Presidencia que ejerza el poder y la autoridad formal, vamos a actuar con la determinación y el liderazgo que la institución demanda; para romper con anacronismos que nos divide en jefes y subordinados, Magistrados y servidores; debemos generar canales formales de comunicación, con interacciones productivas, para ser una organización que aprende y mejora constantemente, ser una institución que trascienda procedimientos y rutinas establecidos, que haga del trabajo en equipo, el eje central para cumplir las metas.

La sociedad demanda juzgadoras y juzgadores con una formación integral en el derecho y sus valores, requerimos impartidores con calidad profesional y ética, requisitos sine qua non para el ejercicio independiente de nuestra función.

Los tiempos actuales retan todos los días, los impartidores de justicia estamos llamados para ayudar a desterrar para siempre todo atisbo de corrupción. La justicia no puede y no debe ignorar que su misión social está por encima de circunstancias adversas.

El juzgador, para ejercer plenamente su independencia, debe dominar los fundamentos de su materia. En esta tesitura, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ha caminado de manera firme y comprometida en el ámbito de sus atribuciones, en la recepción, tramitación y resoluciones de juicios en materia especializada; sin embargo, no resulta suficiente cuando el modelo anticorrupción implica acciones transversales para su eficacia.

Pero con el apoyo de mis compañeras y compañeros Magistrados de la Sección y la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, impulsaremos políticas de vanguardia y diversas acciones, quizá algunas arriesgadas, para una gran política de combate a la corrupción, para darle un nuevo cauce a las actividades del Sistema Local Anticorrupción.

Como toda instancia de servicio público, nuestra principal obligación es responder a las exigencias de la ciudadanía, pero una ciudadanía informada tiene mayores herramientas para combatir los actos arbitrarios: de ahí la importancia de que se conozca la función jurisdiccional que desempeñamos y la trascendencia que representa para el justiciable poder hacer valer sus pretensiones, de ahí que sea imperante que nuestra labor se difunda y se conozca por el mayor número de personas posibles.

El mundo nos exige un compromiso con visión de futuro para forjar un verdadero cambio hacia la renovación de la impartición de justicia administrativa; requerimos a los mejores hombres y mujeres, con la conciencia y convicción necesarias para solidificar nuestra institución, que con más de cinco décadas se mantiene firme y vigorosa.

Para ello, continuaremos promoviendo una impartición de justicia administrativa con preeminencia de protección a los derechos humanos y, sobre todo, en aquellos asuntos que requieran un enfoque diferenciado, en aras de evitar y proteger a las y los ciudadanos de actos de desigualdad y discriminación muy recurrentes en nuestra sociedad.

Habremos de seguir impulsando que se fomente la cultura para juzgar con perspectiva de género; para ello contamos con juzgadoras y juzgadores inteligentes, valientes, estudiosos, justos y humanos.

Es el paradigma que nos mueve a esforzarnos por construir una sociedad más democrática, en la que la justicia administrativa sea verdadera garante del valor común.

No se trata solo de palabras y buenos deseos, sino de tener una visión clara que se traduzca en acciones concretas para seguir trabajando para que cada día más personas reciban nuestros servicios, avanzando en el reconocimiento de la igualdad ante la ley, anteponiendo siempre el irrestricto respeto a las garantías ciudadanas.

Una buena convivencia democrática depende del equilibrio entre las acciones efectivas que demanda la coyuntura y el respeto a las instituciones fundamentales que no puede ceder ante ningún obstáculo.

La posibilidad óptima de vivir en una sociedad democrática depende de la capacidad de regular y producir acuerdos para mejorar.

Al formar parte de los organismos impartidores de justicia de la Ciudad de México, requerimos una relación transparente, respetuosa y legal con los demás poderes y organismos con autonomía constitucional.

Tenemos claro que cada acción que nos toque asumir implica una oportunidad de contribuir a la construcción de la paz social. La coordinación, la cooperación y los buenos oficios son los principios administrativos que tendrá en cuenta nuestra presidencia para fomentar su interrelación institucional y para brindar cara a los requerimientos de nuestra sociedad, bajo un círculo virtuoso de trasparencia, justicia y equidad, sin soslayar que en ese interactuar se velará siempre y de forma contundente por preservar la autonomía e independencia de nuestro Tribunal.

Conjuntamente con la Junta de Gobierno y Administración, mantendremos un esquema de manejo responsable de los recursos públicos. El Tribunal, lamentablemente, no recibió el presupuesto solicitado al Congreso de la Ciudad, lo cual, evidentemente, impide la realización de mejoras salariales, proyectos especiales o prioritarios y el pago de haberes de retiro otorgado mediante los amparos correspondientes, que implica una carga presupuestal que impacta directamente al Capítulo 1000; por lo que se requiere la búsqueda de nuevas estrategias financieras que coadyuven a la obtención de ampliaciones presupuestales, ingresos propios o autogenerados, para tener una efectiva autonomía presupuestal.

Por ello, en el momento oportuno haremos un llamado respetuoso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para considerar otorgarnos un presupuesto acorde a nuestras necesidades, que 17 considere la íntima vinculación entre la economía de una ciudad y el servicio de administración de justicia.

Apostamos a ser una institución moderna y de vanguardia para consolidar en un marco global de atribuciones, más allá de impartir justicia.

La vinculación de nuestro órgano jurisdiccional con organizaciones afines cobra relevancia ya que amplía nuestro campo de visión sobre el quehacer cotidiano, da mayor sentido a las tareas que nos han sido encomendadas, a la vez que se amplían las opciones de intercambio con otras instituciones.

En esta línea, dos grandes vertientes:

1. La firma de convenios de colaboración en diversos ámbitos, principalmente en materia tecnológica, para lograr tener el juicio en línea, disminuyendo el uso de recursos presupuestales.

2. Coordinación con las autoridades de la Ciudad de México para lograr el cumplimiento de sentencias, sin requerir el uso de medios coactivos para ello.

Hoy, más que nunca, a los hombres y mujeres de Derecho nos cabe la gran responsabilidad de contribuir a sentar las bases de la ansiada convivencia pacífica, tan necesaria para el desarrollo de nuestra ciudad y del país.

Los tiempos se mueven de forma por demás vertiginosa. Los enfrentamientos y avatares propios de la política crean ambientes propicios para la división y la confrontación de ideas e ideologías que llegan a impedir el bienestar público.

La división se vuelve una enorme barrera para el desarrollo de las sociedades. Sin embargo, la historia nos ha indicado que cuando la unidad y la solidaridad prevalecen, las naciones —y las instituciones— se fortalecen, cobran mayor legitimad y son más útiles para el desarrollo de la sociedad.

Nuestra fuerza siempre será la unidad. Eso nos da cuerpo, fuerza y certeza ante la ciudadanía que, lejos de enfrentamientos estériles, exige de sus instituciones públicas que sirvan para brindarles certeza en su actuar cotidiano.

De este modo, es mi firme y perpetua convicción el convocar a la unidad. Seré ese vértice desde el cual se articule y finque esa unidad. Me comprometo a promoverla, conservarla y fortalecerla. Así, siempre estaré abierta y dispuesta al diálogo, al entendimiento y a la concordia; de frente y transparente, con la certeza de que aquello que se acuerde se cumplirá a cabalidad.

Demostraré, con el ejemplo, que es posible construir, siempre desde el diálogo, una unidad que —hoy más que nunca— es indispensable para que nuestro Tribunal cumpla con las expectativas que se tiene en nosotros.

Desde este momento y hasta el último día de mi mandato, mantendré extendida mi mano, para generar las condiciones necesarias para fortalecer la unidad de todas y cada uno de quienes formamos parte de este Tribunal, porque, de este modo, responderemos de mejor manera a las exigencias que tiene la sociedad.

Estamos ante una gran oportunidad de poner al día a la organización de la justicia y, con ello, poder ampliar el acceso, aumentar la eficiencia y permitir que los recursos jurisdiccionales puedan ser enfocados para las labores de mejora continua hacia la transparencia y la confianza de la sociedad.

Más allá de lo señalado, tengo el deber de afirmar que existe un amplio espacio de mejora para el funcionamiento del Tribunal; tengo la certeza de que debemos afrontar sin prisa, pero sin pausa, un debate a fondo sobre las transformaciones indispensables para asegurar una mejor justicia administrativa para todas y todos los capitalinos.