DOCE AÑOS: DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Andrés A. Aguilera Martínez1

1 Licenciado en Derecho y Maestrante en Filosofía Social por la Universidad La Salle. Magistrado Presidente de la Sala Ordinaria Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

SUMARIO

I. Introducción: una breve reflexión. II. Avances y logros durante la Presidencia del Tribunal de 2012 a 2019: lo que me tocó vivir. III. El Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Política: el parteaguas de la Justicia Administrativa de la Ciudad de México. IV. La integración de las Sala Ordinaria Especializada y la Sección Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración. V. A modo de conclusión: El 50 aniversario y los retos por venir.

I. INTRODUCCIÓN: UNA BREVE REFLEXIÓN

Desde el año 2012 he tenido el alto honor de servir a la Ciudad de México de su Tribunal de Justicia Administrativa. Ingresé, a invitación de la hoy Ministra Yasmín Esquivel Mossa a colaborar como Coordinador de Asesores de la Presidencia el 15 de enero de ese año. Durante este tiempo, hasta hoy, he sido testigo y partícipe de una serie de transformaciones que, a mi percepción, han permitido que esta instancia jurisdiccional se acerque más a la gente; a resolver sus problemas y a ser más sensible a las necesidades de la dinámica de una urbe como la Ciudad de México.

Al ingresar a esta noble institución, encontré un Tribunal con una dinámica muy particular, distinta a lo que había estado habituado en otros órganos jurisdiccionales. Su materia, la resolución de conflictos entre los particulares y la autoridad, aún y cuando la conocía por las nociones que se me impartieron en la licenciatura, vivirla, sentirla y —sobre todo— apreciarla en plenitud y operación, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y gratificantes de mi vida profesional.

Me encontré que los juicios se resolvían a través de procedimientos ágiles, revestidos de los formalismos necesarios para brindar certeza jurídica a las partes, sin que ello pudiera traer consigo retrasos innecesarios en la impartición de justicia. También pude vislumbrar una institución sana, funcional, en marcha y nutrida por la experiencia de más de 700 servidores públicos que, tanto en las áreas administrativas como jurisdiccionales, diariamente, aportan sus talentos, experiencia y conocimientos para servirle a los habitantes de la Ciudad de México.

II. AVANCES Y LOGROS DURANTE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE 2012 A 2019: LO QUE ME TOCÓ VIVIR

Ante este panorama, el reto de la administración de la hoy Ministra Esquivel Mossa resultaba mayor, ya que es muy difícil mejorar una institución que trabaja bien y cumple con sus objetivos. Sin embargo, en el equipo que acompañó la administración 2012-2016 y posteriormente la 2016-2019, estuvimos conscientes que había varios temas que atender y que requerían, necesariamente, de un plan de trabajo innovador, tendiente a modernizar, transparentar y acercar al Tribunal más a la gente.

Como primera acción interinstitucional, fue de interés de la entonces presidencia del Tribunal, proponer y lograr una serie de reformas legislativas tendientes a lograr esos fines. De este modo, se impulsó una reforma a la entonces Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para crear el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, en el que, respetando los lineamientos del debido proceso, se instaurara un procedimiento recortado y uni-instancial, en el que se resolvieran controversias de montos inferiores a cuatro mil veces la unidad de medida y Actualización vigente al momento de su emisión.

Se sentaron las bases e instituyó la Contraloría Interna del Tribunal, hoy Órgano Interno de Control, con lo que se abonó en la transparencia y correcto ejercicio de los recursos del erario.

Se iniciaron los trabajos que concluyeron con el Sistema Digital de Juicios, con lo que se sentaron las bases para encaminar a nuestro Tribunal a la Justicia Digital.

Del mismo modo, se implementó una política activa interinstitucional, haciendo que el Tribunal entrara en una dinámica de interrelación con los poderes y órganos autónomos locales y federales, con la finalidad de resaltar su relevancia y aumentar su visibilidad como el órgano jurisdiccional de gran relevancia que siempre ha tenido.

Para tales efectos —con más audacia que presupuesto— se constituyó un área de difusión que, sin generar mayores cargos al erario, austera pero eficiente, implementara una política de comunicación social que transmitiera a la población no sólo el actuar cotidiano de la institución, sino que, además, la relevancia e impacto en la vida cotidiana de las personas.

Aunado a lo anterior, se hizo énfasis en las acciones de transparencia y acceso a la información pública. Se ampliaron los mecanismos para facilitarle a cualquier interesado la información del actuar cotidiano de la institución, así como la utilización de los recursos que le son ministrados por la hacienda pública local. Asimismo, se realizaron todas las acciones necesarias para interconectar a la institución con el Sistema de Gestión Contable institucional ordenado desde la legislación federal.

En un compromiso de transparencia y rendición de cuentas, se modernizó el portal institucional para optimizarlos y facilitar la búsqueda y el acceso a la información, con lo que se brindó una herramienta adicional para acercar mayormente a la gente con el Tribunal.

En esa lógica de la interrelación institucional, se creó un área especializada en Derechos Humanos encargada, no sólo de dar respuesta a los requerimientos de las Comisiones Nacional y local de Derechos Humanos, sino de promover acciones tendientes a promover acciones afirmativas tendientes a que el Tribunal ejerciera sus funciones con una visión más acorde a la realidad jurídica impuesta desde la reforma constitucional del 11 de junio de 2011.

Se constituyó el Comité de Equidad de Género de los Órganos Impartidores de Justicia del entonces Distrito Federal, y con ello promover una impartición de justicia equitativa, igualitaria y, sobre todo capacitar y sensibilizar mayormente con mayor perspectiva de género.

De igual manera, se atendió puntualmente las tareas encomendadas al Tribunal en el Programa de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Asimismo, se fueron actualizando y precisando las líneas de acción bajo su responsabilidad, en coordinación y participación del Comité de Seguimiento y Evaluación.

Por lo que hace a la administración de los recursos públicos a cargo del Tribunal, se optimizaron los controles de gestión, se crearon manuales y lineamientos operacionales que, durante la gestión, la Doctora Yasmín Esquivel presidió, en dos ocasiones, la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, desde donde se impulsaron varios temas, destacándose la participación y visión de los tribunales locales en la reforma Constitucional por la que se instaura el Sistema Nacional Anticorrupción que, entre otras muchas novedades, se estableció la obligación de instaurar Tribunales Administrativos en todas las Entidades Federativas del país. Gracias a ello, hoy las y los mexicanos cuentan con instancias para controvertir los actos de autoridades en todas las entidades federativas de la República.

Uno de los grandes logros de esta gestión fue el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, que comenzó sus actividades en 2013 y, para el 2014, se constituyó su Consejo Académico que avaló los programas de estudio de sus primeras maestrías y cursos. Es importante destacar que este esfuerzo se consolidó en el año 2019, bajo la presidencia de la Doctora Estela Fuentes Jiménez, quien con sus gestiones y acompañamiento de la Ministra en Retiro, Margarita Luna Ramos, logró el Reconocimiento Oficial de Validez ante la Secretaría de Educación Pública.

III. EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: EL PARTEAGUAS DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En ella se precisan mecanismos de prevención, vigilancia y sanción de los actos ilegales realizados al amparo del poder público, acordes no sólo a la exigencia ciudadana de contar con un sistema más transparente y eficiente, además, que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano en la materia.

En esa lógica, y derivado a que el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción implicaba la creación y adecuación tanto normativa como operativa de las instituciones que lo conforman, desde el momento que cobró vigencia, se procedió a realizar todas las acciones necesarias para preparar y dejar en condiciones de operación de sus responsabilidades en el tema al entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

En colaboración con instancias federales como: la Secretarías de Educación Pública y de la Función Pública; la entonces Procuraduría General de la República; la Auditoria Superior de la Federación; el Consejo de la Judicatura Federal; y el recién instaurado Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; la Presidencia del Tribunal y de la Asociación de Magistrados de Tribunales Administrativos del país, creó un ambicioso proyecto de capacitación para operadores del Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó la participación de más de 18 mil servidores públicos, tanto federales como locales, cuyas funciones se relacionaban con la implementación de este sistema.

A la par, la Presidencia del Tribunal y de la Asociación promovió reuniones nacionales para la determinación de criterios, nociones para la reestructuración y las particularidades del Sistema, para comenzar con criterios homólogos, al tiempo que se sensibilizaba a los ejecutivos y legislativos de las entidades federativas, para que la estructura del sistema, que iniciaba su vida jurídica, fueran homólogas con las federales.

Fueron largas horas de trabajo, tanto en organización como en aterrizar conclusiones; viajes continuos, en su mayoría relámpago, que nos permitieron no sólo transitar en un proceso ordenado para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, sino que permitieron estrechar los lazos de hermandad y solidaridad con los magistrados y magistradas administrativos del país.

Casi a la par que avanzaba la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, en la Ciudad de México se vivía un proceso histórico en el que el Tribunal tuvo gran participación: su reforma política.

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución que dieron vida a la Reforma Política de la Ciudad de México. De ahí se ordenó la elección de una Asamblea Constituyente encargada de dar vida al documento fundacional de la nueva organización política de la Ciudad.

Desde la Presidencia se trabajó activamente con diversos Diputados Constituyentes a efecto de acompañar el proceso legislativo en lo relativo a los temas vinculados con la organización interna del Tribunal, así como con los fundamentos del Sistema Anticorrupción Local.

Recibimos gran apoyo y sensibilidad por parte de muchos de los Diputados Constituyentes, en particular de los presidentes de las Comisiones de Poder Judicial, Procuración de Justicia y Seguridad Ciudadana, Diputado y Magistrado Manuel Díaz Infante, y de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades, Diputado Armando Ríos Piter, quienes fueron sumamente sensibles a las condiciones propias de la institución y a las opiniones vertidas en los temas de nuestra competencia.

Así, tras arduos debates y negociaciones en las Comisiones legislativas, el pleno aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad el cinco de febrero de 2017. En ella se le otorgó facultad a la todavía Asamblea Legislativa del Distrito Federal para expedir las leyes reglamentarias. De este modo se conjuntaron los esfuerzos para darle vida al marco normativo del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

Durante los meses subsecuentes, se mantuvo una relación muy estrecha y se celebraron muchas y extenuantes reuniones con los Diputados locales, asesores y personal de estructura del órgano legislativo local, quienes fueron sumamente accesibles y sensibles a las voces del Tribunal, que aportaron su conocimiento y experiencia para enriquecer los proyectos de dictámenes de leyes del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, en particular sobre las leyes: Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; de Justicia Administrativa y de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

De este modo se creó el marco jurídico del Sistema Local Anticorrupción que hoy rige a las instituciones que conforman el Comité Coordinador y que hoy —salvo el Comité de Participación Ciudadana— nos encontramos en plena operación.

IV. LA INTEGRACIÓN DE LA SALA ORDINARIA ESPECIALIZADA Y LA SECCIÓN ESPECIALIZADA EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN

Tras la aprobación, publicación y entrada en vigor de las leyes del Sistema Local Anticorrupción y durante todo el 2018, se estuvo presionando a las autoridades locales a modo de que hicieran los nombramientos conducentes para tales fines, dentro de los cuales se encontraban los magistrados especializados en responsabilidades administrativas.

Tras una serie de discusiones sobre el número de integrantes especializados en Responsabilidades Administrativas, a principios del 2019 la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, modificó la Ley Orgánica del Tribunal para reducir a una sala ordinaria especializada y a disminuir el número de integrantes de la Sala Superior de 12 a 10 integrantes, que contemplaba la ley original.

Para mayo de ese mismo año, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo a bien nombrar a seis magistradas y magistrados —dentro de los que honrosamente me encuentro— que integraríamos tanto la Sección Especializada de Sala Superior como la Sala Ordinaria Especializadas en Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración, para su ratificación ante el Congreso de la Ciudad de México.

De este modo, Mariana Moranchel Pocaterra, Rebeca Gómez Martínez, Irving Espinosa Betanzo, Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Erwin Flores Wilson y su servidor, transitamos por el proceso legislativo por el que fuimos confirmados en el cargo al cual, muy honrosa y gustosamente, nos integramos el 1º de junio de 2019.

Por designación del Pleno General de la Sala Superior, tuve el alto honor de integrarme a la Junta de Gobierno y Administración el cinco de junio de ese mismo año, cargo que desempeñé hasta el cuatro de junio de 2021. Durante este tiempo tuve la oportunidad de aportar mis conocimientos, apoyo y visión para coadyuvar en la toma de decisiones administrativas de nuestro Tribunal.

Una de las situaciones más complejas que nos tocó afrontar fue, precisamente, la atención de la pandemia por el SARS-COV-2 o COVID-19, que nos obligó a cerrar y transformar la forma de operación del Tribunal.

A propuesta del Magistrado Jesús Anlen Alemán, Presidente de nuestro Tribunal, a partir de marzo de 2020, fuimos aprobando diversos acuerdos con el objeto de, pese al cierre, mantener en operación la institución. Se acordó el uso de tecnologías de la comunicación para sostener sesiones virtuales; se abrió el Sistema Digital de Juicios para que, a través de las más estrictas normas de seguridad, se pudiera realizar trabajo a distancia, sin que con ello se retrasara la impartición de justicia.

Asimismo, desde el primer día de pandemia, por iniciativa del Magistrado Presidente Anlen, estuvimos previendo escenarios, revisando condiciones protocolarias, autorizando las adquisiciones necesarias y ajustando el gasto para permitirle al Gobierno de la Ciudad disponer de recursos extraordinarios para hacer frente a la condición anómala a la que nos enfrentamos.

De este modo el Tribunal logró mantenerse en funcionamiento y, con ello, estar en condiciones óptimas para poder seguir cumpliendo con sus funciones y seguir sirviéndole a la ciudadanía.

Asimismo, puedo decir —con mucho orgullo— que he sido testigo y protagonista en la implementación de un Sistema Anticorrupción que —a mi juicio— tiene un gran potencial para brindarle a la ciudadanía una respuesta certera para atender, aminorar y evitar el grave problema que representa la corrupción del servicio público, en el que la voluntad de cambio y la convicción por mejorarlo, serán preponderantes para que las instituciones públicas sirvan, eficientemente, para alcanzar los fines últimos del Estado que, no son otra cosa que el bienestar general y la justicia social. 

Habremos de imponer todas nuestras capacidades, talentos y virtudes para lograr un sistema de sanción de responsabilidades administrativas acorde con las expectativas populares. Del mismo modo, habremos de hacer eficiente ese derecho humano para contar con una administración pública de calidad, eficaz y eficiente.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL 50 ANIVERSARIO Y LOS RETOS POR VENIR

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México hoy cumple 50 años de servirle a la Ciudad de México. Hemos demostrado, en todos los momentos, que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y condiciones que se nos han impuesto.

Contamos con la capacidad y talentos suficientes en sus magistrados, secretarios y todos los servidores públicos que en él trabajamos, para hacer de nuestra institución un ente acorde a la dinámica social y a las exigencias de transparencia que hoy predominan en la sociedad

En estos párrafos he intentado relatar, de forma sucinta, mi experiencia y vivencias a lo largo de estos años en los que he tenido la gran oportunidad de prestarle mis servicios al Tribunal, primero como Coordinador de Asesores de la Presidencia y hoy como Magistrado de Sala Ordinaria, en los que también he sido testigo del tesón y convicción que ha predominado en todos los que aportan tiempo, trabajo y talentos para hacer de nuestra institución una instancia viva y sensible a las necesidades y exigencias históricas que nos demanda la gente que es el alma y corazón de la Ciudad de México.

El Tribunal es algo más que una instancia en la que se llevan trámites, se prestan servicios y se desahogan y aclaran dudas; es una instancia en la que se hacen vivas las facultades gubernamentales, se juzga con justeza, equidad y utilidad el actuar gubernamental y se precisan las condiciones, modos, formas y medios en los que debe desempeñarse el servicio público. Somos, como lo comentaron en su momento varias magistradas y magistrados que han tenido el alto honor de presidir al Tribunal, una instancia que coadyuva —en mucho— a la gobernanza de nuestra Ciudad y que, gracias a sus determinaciones y criterios, favorecen al desempeño de una administración y prestación de servicios públicos, de calidad y excelencia.

Me parece que el principal reto que enfrenta el Tribunal en estos días y momentos complejos por los que atraviesa el mundo —y en particular nuestra ciudad— es encontrar los mecanismos necesarios para acercar más la justicia administrativa a la gente, pues con ello habremos de tener mayor participación en la revisión del actuar gubernamental, para que éste se lleve a cabo con cabal legalidad y exacta observancia y atención a los derechos humanos.

Será —como siempre lo ha sido— la constante y perpetua voluntad de quienes laboramos en él, los que tenemos la responsabilidad de alcanzar esta meta que es, por demás, urgente y apremiante para mantener los equilibrios necesarios que permitan conservar una normalidad republicana y democrática que mantenga la vida y libertad de las personas como máximos valores sociales.

Tenemos en nuestras manos la obligación de conservar el rumbo de la profesionalización y la excelencia en la impartición de justicia, pues en ello depende —en mucho— el cimentar y preservar una ruta de bienestar y desarrollo para nosotros y para las generaciones venideras.